- Barceló acudirá con "tranquilidad" a declarar ante el juez
- Marc Pons: "Estamos tranquilos y colaboraremos con la justicia"
El juez ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el empresario Valeriano Allès contra la decisión del Consell de ordenar el derribo de la fábrica de bloques en la cantera de Son Sintes. De esta forma, el presidente, Marc Pons, y su antecesora, Joana Barceló, deberán comparecer ante el juez. El primero como conseller de Ordenació del Territori, y la segunda como presidenta, en 2007, cuando se presentó la denuncia por un presunto delito de prevaricación.
La citación para ambos es para el 5 de marzo en Maó. Los hechos se remontan a 2007, cuando el Consell instó a Allès a derribar las edificaciones construidas, según el Consell, sin licencia, y también a paralizar su actividad. Entonces Allès decidió presentar la querella criminal.
Sin embargo, el empresario solicitó ya la licencia para las obras en 2004 al Ajuntament de Ciutadella. No obstante, el Consistorio no respondió, y ante el silencio administrativo, el Consell fue el encargado de dar respuesta a su solicitud de licencia.
El 15 de noviembre de ese año la administración insular denegó la autorización, argumentando que, según el planeamiento, tanto el Plan General de Ciutadella como el PTI, no se autorizan instalaciones industriales en suelo rústico.
Valeriano Allès interpuso un contencioso administrativo, que fue denegado dos veces: la primera ocasión, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y la segunda por el Tribunal Superior de Justícia de les Balears, en 2006.
A pesar de ello, Allès prosiguió adelante la construcción de estas instalaciones. El Ajuntament no actuó y el Consell ordenó en diciembre de 2007 a derribar las edificacions y paralizar la actividad.
